Adultos mayores obligados a trabajar: Baja California prohíbe que la familia los explote

En Baja California ya es ilegal mantener a los adultos mayores obligados a trabajar o a pedir dinero en la calle contra su voluntad. El Congreso del estado aprobó el 24 de junio de 2026, por unanimidad y con 17 votos a favor, una reforma que prohíbe de forma expresa que un familiar fuerce a una persona mayor a laborar, a mendigar o a entregarle el dinero que recibe. La medida entra en vigor en cuanto se publique en el Periódico Oficial del Estado.

Qué cambió en la ley de Baja California

La reforma modifica la ley estatal de los derechos, protección e integración de las personas adultas mayores. La legislación local ya obligaba a impedir actos de discriminación, abuso y explotación laboral, pero lo hacía con fórmulas generales. La diputada Adriana Padilla Mendoza, que impulsó el cambio, explicó que faltaba nombrar conductas concretas: las que ocurren dentro de la propia familia, cuando alguien presiona a un padre o a un abuelo para que siga generando ingresos que no son para él.

Con el texto nuevo, la lista de conductas prohibidas suma tres supuestos puntuales: obligar a la persona mayor a trabajar, obligarla a mendigar y obligarla a entregar su pensión o sus ahorros. El Congreso señaló que la redacción se alinea con estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, que reconocen la autonomía económica como parte de una vejez digna.

No se castiga trabajar, se castiga obligar

La reforma no prohíbe que una persona mayor trabaje. Muchas lo hacen por gusto, por mantenerse activas o porque la pensión no alcanza y necesitan el ingreso. Lo que la ley sanciona es la coacción: que alguien decida por la persona mayor, se quede con el fruto de su esfuerzo o la mande a la vía pública a pedir. El criterio es la voluntad. Trabajar porque uno quiere es un derecho; ser puesto a trabajar para beneficio de otro es explotación. Esa distinción impide que la norma castigue al abuelo que atiende su changarro y apunta a quien lo despoja.

La ley federal ya lo prohibía, pero en abstracto

El maltrato a las personas mayores no es un vacío legal nuevo en México. La Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, vigente a nivel federal, reconoce en su artículo 5 el derecho a una vida libre de violencia y a la protección contra la explotación. El problema histórico ha sido aterrizar ese principio en conductas que un agente del Ministerio Público pueda perseguir. Una cosa es declarar el derecho a la no explotación y otra es escribir, con todas sus letras, que un familiar no puede quedarse con la pensión de su madre.

Por eso varios congresos estatales empezaron a detallar la norma. El estado fronterizo se suma a las entidades que en meses recientes reforzaron sus leyes locales para describir el abuso económico y el abandono. La diferencia es práctica: mientras más concreta es la conducta prohibida, más fácil resulta denunciarla y que la autoridad actúe. Quien quiera ubicar el catálogo completo de garantías puede revisar la guía sobre los derechos de los adultos mayores reconocidos en el país.

El abuso económico es de los más callados

La Organización Mundial de la Salud, en su nota descriptiva Maltrato de las personas mayores (OMS, 2024), estima que alrededor de 1 de cada 6 personas de 60 años o más sufrió algún tipo de maltrato en entornos comunitarios durante el último año. El abuso financiero, que abarca quedarse con el dinero, vender bienes sin permiso o usar la tarjeta del adulto, figura entre las formas más frecuentes y, a la vez, entre las menos reportadas.

La razón es incómoda: el agresor suele ser alguien de confianza. Cuando quien presiona es un hijo, una nuera o el familiar que da hospedaje, la víctima calla por miedo a quedarse sola o a romper a la familia. Una mujer de 74 años que recibe su pensión y la entrega completa cada mes “para los gastos de la casa” rara vez se piensa a sí misma como víctima de un delito. La reforma estatal intenta cortar ese nudo: poner por escrito que esa entrega forzada no es un arreglo doméstico, sino una conducta que la ley prohíbe.

Qué hacer si hay adultos mayores obligados a trabajar

El primer paso es nombrar el problema. Si una persona mayor labora, pide dinero en la vía pública o cede su pensión bajo presión de un familiar, eso es maltrato y se puede denunciar, viva donde viva. La denuncia se interpone ante el Ministerio Público o la Fiscalía del estado, y no exige que la víctima rompa de inmediato con quien la agrede. En una situación de violencia en curso, el 911 atiende la emergencia a cualquier hora.

Hay rutas de apoyo además de la penal. El INAPAM brinda orientación jurídica gratuita, el Sistema DIF interviene en casos de abandono y violencia familiar, y en varias ciudades operan líneas locales de atención. Para quien acompaña a un familiar en esta situación, conviene documentar lo que ocurre y conocer el procedimiento antes de actuar. La guía sobre cómo denunciar el maltrato de un adulto mayor detalla qué pruebas reunir y a qué instancia acudir según el tipo de abuso.

La reforma rige solo en esa entidad, pero el problema que retrata es nacional. Conapo calculó que México abrió 2026 con 17.1 millones de personas de 60 años o más, el 12.8% de la población, una cifra que sigue creciendo. Una pensión existe para sostener a quien la cobró, no a quien vive con esa persona. Para las familias de Mexicali, Tijuana o Ensenada el cambio significa que presionar a un padre mayor para que siga aportando ya tiene nombre legal. Para el resto del país, marca el camino que otros congresos locales pueden seguir mientras la población mayor del país aumenta año con año y, con ella, la exposición a un abuso silencioso que casi siempre ocurre puertas adentro.